En un fallo alarmante para las democracias de nuestro continente, la máxima instancia judicial de Ecuador ratificó esta semana una condena de tres años de cárcel y una multa de 40 millones de dólares contra el ex editor de opinión del diario El Universo y sus tres principales directivos, a raíz de una denuncia presentada por el Presidente Rafael Correa, quien se sintió injuriado por dicho medio.

El conflicto se originó en febrero del año pasado, cuando el jefe de opinión de El Universo, Emilio Palacio, publicó una columna en la que sostenía que un futuro Presidente podría enjuiciar a Correa “por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, el 30 de septiembre de 2010, en el marco de una sublevación policial.

Comenzó entonces un cuestionado proceso judicial que concluyó este jueves, cuando la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana condenó y multó a El Universo con una cifra tan desproporcionada que podría llevar a la quiebra a ese diario fundado hace 90 años.

Es un capítulo más de los enfrentamientos de Correa con los medios, a los que considera sus “principales opositores políticos”. Otros dos periodistas fueron condenados la semana pasada a pagar dos millones de dólares, en el marco de un proceso, también iniciado por el Mandatario, quien en ese caso los acusó en demanda de daños morales, por un libro que reveló presuntas irregularidades de su hermano.

Emilio Palacio y los tres directivos de El Universo se encuentran autoexiliados en el extranjero. Pueden recurrir ante la Corte Constitucional, pero conscientes de la falta de independencia del Poder Judicial ecuatoriano, prefirieron apelar a la Comisión Interamericana de DD.HH.

Correa ha llevado a cabo una profunda reforma a la judicatura, que le permitió nombrar magistrados a su voluntad. No sorprende que el reciente fallo —calificado por los organismos internacionales de prensa como una “mordaza para el periodismo independiente”— confirme la pérdida de autonomía de los tribunales. Es elocuente que una jueza vinculada a este proceso —que se exilió en Colombia por temor a represalias— haya afirmado que el abogado del Presidente Correa fue quien redactó el fallo de primera instancia.

Aun en la hipótesis de que fueran efectivos las injurias y los daños morales denunciados por Correa, esta sentencia burdamente desproporcionada representa un golpe brutal a la libertad de prensa y expresión, cuyo primer defensor debiera ser el gobierno de cualquier país democrático.

El Presidente Correa ha afirmado que “la pena debía ser disuasiva”. Y ciertamente ésta lo es de cualquier intento de crítica política independiente, pluralismo de opinión, fiscalización al poder político. La autoridad ha sido inequívoca en su advertencia a los medios que osen disentir de las políticas oficiales: las críticas al gobierno no quedan sin castigo.

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